NOTA DE PRENSA
La Plataforma por la Casa de Pumarejo organiza un paseo guiado por los
barrios de San Gil y de San Luis para denunciar ejemplos de su grave problemática
residencial.
La ruta seguida esta mañana ha permitido entrar en contacto, en muy
pocos metros, con algunos de los ejemplos más lacerantes de los que
se dan en este momento en el barrio en el aspecto residencial; algunos de
ellos puestos de manifiesto en fechas muy recientes y otros que vienen arrastrándose
desde hace años. Un muestrario, pues, de casos de desalojos ya consumados;
de incumplimiento continuado del deber de conservación, tanto por los
propietarios como por el propio Ayuntamiento; de casas con sus vecinos bajo
la amenaza de desalojo inminente; de solares destinados a viviendas sociales,
por edificar desde hace años; edificios "protegidos" como
bien patrimonial por el Ayuntamiento, a los que la indolencia de éste
ha dejado llegar a estados lamentables, cuando no a su derribo total; zonas
con la mayor concentración de infraviviendas de la ciudad...
La ruta a tenido como arranque la propia Casa-Palacio de Pumarejo, en serio
peligro desde hace algunos meses de terminar también, como otras muchas
casas de la zona y como la otra casa-palacio que quedaba en Sevilla (la del
Infantado, en la calle Santa Ana), desalojado y derribado; peligro que justificó
en su día la creación de esta plataforma ciudadana, y que aún
persiste. Luego ha continuado por la calle San Luis hasta llegar a su número
84, donde la continuada falta de conservación van a obligar ahora a
una intervención profunda para conseguir garantizar su estado físico
y mejorar su estabilidad de este edificio, de alto valor patrimonial; tras
la cual, sin embargo, no está garantizado aún que sus actuales
inquilinos vayan a volver. Seguidamente, se ha visitado la casa de la calle
Arrayán 35, que está a menazada de desalojo tras la orden dada
por la Gerencia de Urbanismo en pleno agosto, lo cual, junto con otras anomalías
detectadas enb el expediente la han hecho merecedora de denuncias específicas
recientemente. Tras ésta, se ha visitado el corralón de San
Luis 70, en el que su último inquilino, un pequeño industrial
que da sustento a varias familias, está siendo presionado por todas
las vías y “artes” para forzarlo a que abandone su lugar
de trabajo y su medio de vida de siempre, con el agravante de que en este
caso el egente presionador no es un particular cualquiera sino un organismo
público: EMVISESA. Después se ha vivitado el corral de vecinos
de Arrayán 17, donde media docena de familias soporta condiciones de
inhabitabilidad severas desde hace años, sin que los organismos públicos
hayan aplicado los mecanismos de que disponen para atajar la situación,
a pesar de aparecer una y otra vez en los distintos estudios y planes elaborados
hasta la fecha como una de las actuaciones prioritarias de la zona. Por último,
la comitiva ha llegado hasta Pedro Miguel 32, cuyos inquilinos, residentes
y artesanos, llevan años amenazados de desalojo; final que temen ya
próximo dado que las tres casas colindantes, cuyos desalojos se sucedieron
el pasado año, han sido ya derribadas totalmente, a pesar de su valor
patrimonial.
Lamentablemente, las casas visitadas, así como el resto de ejemplos
que se han ido refiriendo a lo largo de este paseo, son solo una parte del
conjunto de penosas situaciones que, en el aspecto residencial, se dan y se
han venido dando en estos barrios. Algo que ha sido favorecido, paradójicamente,
por cómo se ha desarrollado el Plan Urban San Luis-Alameda, que ahora
toca a su fin; iniciativa europea que se planteó, inicialmente, para
ayudar a sacar de su postración a los barrios (céntricos o no)
con fuertes problemáticas sociales (paro, desactivación económica,
falta de servicios sociales, etc.) existentes en muchas ciudades europeas.
Es decir, que este Plan, cuando hablaba de rehabilitar barrios degradados
se estaba refiriendo, fundamentalmente, a la mejora de la calidad de vida
de sus propios moradores, especialmente la de los más desprotegidos;
y no tanto a obras de carácter infraestructural.
No obstante, y sin negar las mejoras que está experimentando el barrio
en ciertos aspectos, casos como los visitados hoy, que vienen repitiéndose
día tras día a pesar de todas las denuncias realizadas al respecto,
dejan muy a las claras algunos de los graves perjuicios que suelen traer este
tipo de planes de "rehabilitación integral"; sobre todo cuando
se los aplica excesivamente centrados en lo urbanístico e infraestructural,
y cuando además no se los complementa con las oportunas medidas públicas,
principalmente en materia de vivienda. Nos referimos al proceso que estamos
viviendo de acoso y expulsión de nuestros vecinos más desprotegidos,
la mayor parte personas mayores, con pocos medios económicos, con muy
débil capacidad de reacción; precisamente a los que su suponía
que el Plan Urban venia a socorrer tras años de abandono por parte
de las administraciones teóricamente más próximas, Ayuntamiento
y Junta de Andalucía.
Sevilla, a 15 de septiembre de 2000.
